Un día como ayer pero del año 1976, las Fuerzas Armadas argentinas usurparon el poder en el país e instauraron una sangrienta dictadura, a la cual denominaron "Proceso de Reorganización Nacional", y que se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983. Durante ese período, asesinaron, secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a miles de ciudadanos argentinos, en muchísimos casos hasta apropiándose de sus pertenencias, propiedades, bienes y hasta a los hijos por nacer.
Todo ésto se llevó a cabo en connivencia con sectores de la sociedad civil y un sector de la Iglesia. De ahí que se suela también denominar a este período como "dictadura cívico-militar".
Una multitud colmó la Plaza de Mayo y gran parte del centro porteño ayer, 24 de marzo (Foto: Rafael Mario Quinteros).
En el plano económico, Argentina fue uno de los experimentos del neoliberalismo en el mundo. La dictadura, que tomó por la fuerza el control de todos los poderes del Estado e incluso los medios de comunicación, se inspiró en las ideas de Milton Friedman, economista estadounidense perteneciente a la ultraderechista Escuela de Chicago. Y fueron José Alfredo Martínez de Hoz como Ministro de Economía, Adolfo Diz presidiendo el Banco Central y Carlos Alfredo Rodríguez como jefe de asesores los que siguieron la receta destructiva para la industria, la producción y la economía hogareña.
Los lineamientos de ese plan económico fueron básicamente -y siguen siendo hoy día- las directrices de los planes económicos de los sucesivos gobiernos de derecha neoliberal en nuestro país, hasta nuestros días.
Desde el año 2002, por Ley de la Nación 25.633, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
El objetivo del recordatorio de esta fecha es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas, puntualmente, se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.