Agenda Cultural: cinco puestas teatrales para ver en Buenos Aires durante agosto

Entre la enorme propuesta cultural que ofrece Buenos Aires, el teatro es una de las más destacadas. Hay muchísimo para elegir, no sólo en la zona céntrica sino a lo largo y ancho de la ciudad, por lo que puede ser difícil decidirse por una. A continuación van algunas recomendadas para ver durante este mes.

(Foto: composición propia).

• Si vos me amás, yo te gano, en Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA)

(Foto: composición propia).

Ornella Cimarelli, Nina Hack, Néstor Larrandart y Paula Thie protagonizan esta obra de la misma Hack.

Una nieta, su abuelo y el fútbol como excusa para actuar. Un relato sobre el deseo, la identidad y la cancha. Una obra que cruza generaciones a partir de recuerdos y partidos. Tres jugadoras de futsal y un abuelo arman un relato íntimo donde se mezclan el sudor, la disciplina, las ganas y la pasión.

Miércoles de agosto, 20:00.
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• Canning y Corrientes: la esquina de la Bobe, en El Método Kairós (El Salvador 4530, CABA)

(Foto: composición propia).

Irene Almus y Diego Licht protagonizan esta obra dirigida por Gabi Goldberg.

Clarita necesita sacar sus ahorros para el casamiento de su nieto, pero el banco le exige una contraseña que su esposo Robi se llevó a la tumba diez años antes. En un cruce mágico entre el presente y la memoria, Clara recibe la inesperada visita de su marido.

A través de la música, el humor y la emoción de lo cotidiano, el matrimonio repasará su historia y sanará viejas heridas. Canning y Corrientes es un viaje conmovedor donde la verdadera contraseña no abre una cuenta bancaria, sino que nos descubre la clave para seguir viviendo

Domingos 16 y 27 de agosto, 19:00.
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• Este mundo peligroso, en Área 623 (Pasco 623, CABA)

(Foto: composición propia).

Luciano Andrea Costigliolo y Alma Holovatuck protagonizan esta obra dirigida por Bárbara Sánchez.

Año 2030, una lluvia ácida irrumpe en Buenos Aires. Juan y Male llevan meses viviendo juntos en un monoambiente. Repiten una y otra vez la rutina que se inventaron en su nueva normalidad: juegan, bailan, comen ramen. Con la ilusión de que en Japón lograron detener la lluvia, aprenden el idioma y se preparan físicamente para viajar al otro lado del mundo. La contaminación y confusión del afuera se filtra en su vínculo.

Sábado 8 de agosto, 18:00.
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• Al oeste: capítulos I y II, en Fundación Cazadores (Villarroel 1440, CABA)

(Foto: composición propia).

Martín Flores Cárdenas y Pablo Ragoni protagonizan esta obra dirigida por el propio Cárdenas.

Dicen que si un sueño no se cuenta, se olvida. Si todo relato es ficción, ¿qué es aquello que soñamos y olvidamos? ¿Y aquello que vivimos pero no recordamos? ¿Qué sucede con toda esa información que, de manera más o menos codificada, también nos hace quienes somos?

Jueves 6 y viernes 7 de agosto, 20:00.
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• El tiempo todo entero, en Teatro Paseo La Plaza (Avenida Corrientes 1660, CABA)

(Foto: composición propia).

Pilar Gamboa, Esteban Lamothe, Esteban Bigliardi y Susana Pampín protagonizan esta obra dirigida por Romina Paula.

La pieza revisita el universo de "El zoo de cristal", el clásico de Tennessee Williams, desde una perspectiva contemporánea. En esta singular reescritura, Romina Paula recupera a sus personajes y los proyecta al presente a través de la memoria de Antonia (hija y hermana). El mundo ha cambiado: la madre es ahora una mujer independiente y progresista; la hija parece dueña de sus decisiones, de su palabra y de sus movimientos.

Sin embargo, esa libertad es apenas aparente. Lejos de los grandes arquetipos trágicos de Williams, los personajes habitan un tiempo en el que las antiguas restricciones parecen haber desaparecido, pero continúan atrapados en vínculos, recuerdos y mandatos que los retienen, incapaces de escapar de aquello que, al mismo tiempo, los une y los inmoviliza.

Martes 18 y 25 de agosto, 20:00.
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(Fuente: Indie Hoy / varios / redacción propia)

Cinco escritores imaginan Vaca Muerta: entregan un libro gratuito en la Feria de Editores

El volumen "Frackibacter Vaccamortensis", un trabajo editorial conjunto entre el Proyecto ECO ECO y la editorial Tenemos las Máquinas, reúne cinco relatos de ficción sobre Vaca Muerta y aborda el tema de la extracción de los hidrocarburos como un problema ecológico contemporáneo. 

(Foto: composición propia).

La antología cuenta con textos de Gabriela Cabezón Cámara, Magalí Etchebarne, Michel Nieva, Gabriela Borrelli Azara y Claudia Aboaf, con prólogo de Pablo Schanton y epílogo de Valeria Meiller.

Dice Shanton: "Llamaremos 'ficción ecosófica' -en lugar de 'ecológica'- a la que representan los cinco relatos que aquí hemos compilado. No solo porque por default le hacemos un homenaje a Félix Guattari, que creó el concepto de ecosofía para iluminar las 'conexiones transversales entre lo político, lo ético y lo estético'. También, porque es necesario sacudir el vocabulario de la ecomilitancia que nos convoca".

"¿Qué imaginará un grupo de escritores al encontrarse en Vaca Muerta con la intemperie del ruido infernal que enferma al territorio, con las casas ajadas por los sismos, con el viento arenoso que levantan los camiones y las grúas en el paisaje? En los cuentos que componen Frackibacter vaccamortensis. Ficciones sobre el petróleo, se hace patente la necesidad de encontrar estrategias narrativas para metabolizar un territorio que parece, todavía, inédito", escribe la escritora y profesora universitaria Meiller.

El Proyecto ECO ECO convoca a artistas de disciplinas diversas para involucrarse con el tema y producir obra con otras formas de narrar, al margen de los debates sobre las narrativas tradicionales. Se puede descargar sin cargo desde la página web de Tenemos las Máquinas o retirar un ejemplar gratuito en la Feria de Editores, hasta el domingo 9 de agosto de 14:00 a 21:00, en C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA).

(Fuente: Infobae / varios / redacción propia)

Nuestra actualidad: Argentina está cada vez más lejos en la carrera de las supercomputadoras

Aunque Clementina XXI está en funcionamiento, el gobierno nacional no destina fondos para nuevos equipos y retrasa al país todavía más en ciencia y tecnología.

Clementina XXI funciona en la sede del Servicio Meteorológico Nacional (Foto: La Nación).

Las supercomputadoras, también conocidas como computadoras de alto rendimiento, son equipos que se caracterizan por su velocidad. En este sentido, no solo tienen la capacidad de procesar millones de datos en segundos, sino que también son capaces de resolver problemas complejos en poco tiempo. Para tomar dimensión, la supercomputadora más grande de América Latina que construirá México, y que se ubicará entre las 10 mejores del mundo, equivale al funcionamiento de 375 mil computadoras tradicionales en simultáneo.

Aunque cada caso presenta sus particularidades, en general se utilizan para desarrollar nuevos fármacos, realizar predicciones climáticas y entrenar modelos de inteligencia artificial. Si bien el gobierno nacional anterior adquirió una computadora de alto rendimiento denominada Clementina XXI, especialistas del sector advierten que la falta de inversión desde diciembre de 2023 retrasa todavía más al país en ciencia y tecnología.

"Se ve la distancia que tenemos entre Argentina y el resto del mundo. Lamentablemente, estamos bastante retrasados en relación a la computación de alto rendimiento. Esto es parte del mismo fenómeno que está pasando en el país con el financiamiento de la ciencia y la tecnología", cuenta Nicolás Wolovick, director de Supercómputo de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Clementina XXI es una de las 500 computadoras más potentes del mundo y funciona desde 2025 en la sede del Servicio Meteorológico Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un organismo que está sufriendo especialmente el ajuste presupuestario de esta gestión. Además, en Argentina hay otros equipos instalados en Santa Fe, Rosario, Córdoba y Bariloche. Sin embargo, el tamaño y la capacidad que tienen está por debajo de lo necesario para no quedarse atrás en la carrera científica y tecnológica. 

Mientras que el gobierno nacional habla del desarrollo de la inteligencia artificial, los fondos para comprar los equipos donde corren esos programas son nulos. De hecho, las últimas inversiones en Argentina fueron con dinero proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en 2023. En ese momento, se distribuyeron 10 máquinas en diferentes lugares del país. No obstante, se trata de unidades chicas cuyas capacidades están por debajo de lo que requiere la IA. 

"Si tenemos en cuenta los modelos de frontera vinculados a inteligencia artificial, que son los más interesantes, no podemos ejecutarlos con las computadoras que tenemos. Ni siquiera me refiero a entrenamiento, que es una instancia superior, sino que no podemos usarlos directamente", alerta Wolovick, quien también es docente en la UNC.

Lo barato sale caro

Frente al nivel de desinversión en equipamiento, más las becas y los salarios lejos de la inflación acumulada en los últimos dos años y medio, muchos especialistas optan por abandonar sus investigaciones y pasan al sector privado o se dedican a otra cosa. Antes, la preocupación de la comunidad científica pasaba por el crecimiento del sector. Hoy, el objetivo es mantener lo que queda para evitar el desmantelamiento total. 

"La gente se va con toda su experiencia y eso es tremendamente costoso. Estamos perdiendo muchísimos profesionales súper valiosos porque hay un nivel de retraso salarial y de equipamiento tan grande que en algún momento se cansan", explica el director de Supercómputo.

Y continúa: "El problema es cómo tratar de convencer a la mayor cantidad de gente para que no se vaya del sistema y que no se pierda la inversión que se hizo durante tantos años. Si cortamos la cadena, sería peor. Ya no importa si somos top 500, importa tener suficiente cantidad de cómputo como para mantener a las personas adentro".

(Fuente: Agencia de Noticias Científicas / UNQ / redacción propia)

Entregar la tierra no es negocio: Argentina no se vende

El 6 de agosto el Senado planea votar el nuevo proyecto de Milei, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que dejaría sin vigencia la Ley de Tierras. Mientras tanto, afuera del Congreso la resistencia social involucra a movimientos sociales, científicos y hasta obispos. El reclamo tiene que ver con la tierra y el manejo del fuego, y arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, de la hidrovía, de los bienes naturales, de la soberanía. Si esa ley se aprueba, los magnates tecnológicos podrán quedarse con el agua, la energía y el clima de la Patagonia, enclaves ideales para el mundo que imaginan.

Arte: María Elizagaray Estrada

“La compra de tierras en sí misma no es una inversión.” Esa es una de las frases textuales más potentes de la Ley de Tierras. Es la Ley que Milei pretende desarticular. No logró hacerlo a fines del año 2023 a través del DNU 70/2023, gracias a un amparo judicial presentado por un Centro de Veteranos de Malvinas de La Plata. Entonces incluyó la reforma en un nuevo proyecto, firmado junto con los gobernadores del Consejo de Mayo y presentado a fines de marzo al Congreso.

Ese nuevo proyecto, el de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iba a ser tratado en el Senado en la sesión fallida del jueves 16 de julio. Ante la falta de apoyo político, Patricia Bullrich, como jefa de la bancada oficialista, pidió aplazar la sesión hasta el 6 de agosto. 

Que la votación se postergue tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social organizada en ONGs, cooperativas, movimientos sociales, políticos, sindicales, científicos y religiosos. El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía.

Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, Peter Thiel y sus amigos se frotarán las manos.

Ahora empezó a circular una convocatoria: “Nos vemos el 6 en el Congreso.” Se corre la bola. Entre todos, de a poco logramos derribar el cerco mediático desde los medios locales y autogestionados y llegar al centro de la conversación social, incluso la vinculada con el Mundial. “Yo me pongo la camiseta. No a la extranjerización de la tierra”, circulaba en estados de Whatsapp con el hashtag #lasoberanianosenegocia. Se organizaron espacios de colaboración en red como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la tierra y la vivienda. Se realizaron acciones federales con el nombre “Argentina no se vende”. Hubo talleres, clases y radios abiertas, charlas y banderazos. Y el 6 de agosto, la movilización al Congreso. 

El agua, la energía y el clima de la Patagonia son ideales para instalar mega granjas de datos y servidores de la IA, y traer las inversiones que espera el gobierno, y sobre las que ya se han manifestado públicamente. 

Desde la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, un colectivo integrado por organizaciones de todo el país vinculadas a la ruralidad y a los territorios, Se tejen estrategias." Logramos sumar firmas para el rechazo al proyecto. Las compañeras de Casa Patria de Neuquén lograron reunirse con el Obispo cuando estaba por viajar a un Encuentro de Obispos en La Rioja. Se trabajó  sobre aportes de colegas miembros de la pastoral social de Santa Fe, del chaco salteño (Salta) y de otros equipos que integran ese espacio. Así salió la Carta Abierta a los Legisladores de la Iglesia Católica firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas. Otro tanto sucedió con el comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y el pronunciamiento del Llamamiento argentino-judio contra el Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Estos pronunciamientos hicieron que el reclamo trascienda la ciudadanía politizada y llegue a amplios sectores de la sociedad."

LEY DE TIERRAS, LA ORIGINAL

La Ley de Tierras vigente entiende al suelo como un recurso natural escaso y no renovable, estratégico para el desarrollo humano y social. Fue aprobada por el Congreso en 2011, con amplia mayoría. En ese momento, el cambio climático era apenas un diagnóstico, aunque las tierras que producen alimentos ya empezaban a desertificarse y el estrés hídrico se insinuaba como problema condicionante. Lo urgente era preservar la soberanía argentina sobre recursos como el agua dulce y los minerales necesarios para un desarrollo nacional lo más equitativo posible, a los que el gobierno de Estados Unidos  ya les ponía el ojo.

Que el Congreso haya postergado la votación tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social.

Fue creada para regular un previsible incremento de la propiedad extranjera y poner límites a un proceso de concentración de grandes extensiones de hectáreas en manos de capitales financieros. No prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones. Establece un tope del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, establece que los extranjeros de una misma nacionalidad no puedan adquirir más del 30%, y que ninguna persona, de manera individual, pueda comprar más de 1000 hectáreas en las regiones más fértiles para la agricultura (como la zona núcleo y otras regiones de la pampa húmeda) o su equivalente en otras zonas del país de acuerdo a lo que defina cada provincia. Además, les prohíbe expresamente comprar inmuebles que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente, como hizo el británico Joseph Lewis en Lago Escondido. También establece parámetros de transparencia y prevención de lavado de activos.

Para mediados de 2013, un 6% de la superficie nacional estaba a nombre de extranjeros según un relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo creado por la Ley de Tierras, que dirigí durante cuatro años desde sus orígenes. Entre los datos más curiosos que recabamos aparecen los paraísos fiscales como dueños de 1.113.654,85 hectáreas, 55 veces la superficie porteña, a través de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Imagen: Soledad Cayunao, defensora mapuche, señala las nacientes del Río Chubut, en Río Negro. Las tierras fueron compradas por el polista Hugo Alberto Barabucci, quien admitió haber adquirido 14.689 hectáreas como testaferro del emir de Abu Dhabi. Ph Roxana Sposaro.

El Registro Nacional de Tierras Rurales fue valioso en términos institucionales y de política pública. Fue el primer registro que unificó a nivel nacional datos reales sobre los dueños de la tierra (extranjeros), construido en clave federal a partir de los catastros y registros de la propiedad inmueble de todas las provincias argentinas independientemente de su conducción política. Además, construyó una base de datos a partir de las declaraciones juradas de empresas y el entrecruzamiento de esa información con otros organismos nacionales y provinciales de control, como direcciones de personas jurídicas e inspección general de justicia. Ese relevamiento fue la primera foto de la situación de extranjerización de la tierra rural en Argentina. 

Hoy también hay acceso a esa información en la web del Ministerio de Justicia de la Nación (publicados por provincia y por departamento a través de un excel que permite su descarga en pdf) aunque la última actualización fue en agosto de 2025. Otra de las fuentes es el Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria (PRIHA) de UBA y CONICET que da cuenta de un 5% de superficie extranjerizada en el país.

LEY DE TIERRAS SEGÚN MACRI

A mediados de 2016, el entonces presidente Macri emitió un decreto que flexibilizó la Ley en lo que hace a la extranjerización de la tierra que se materialice a través de las transferencias de acciones o participaciones societarias. Eliminó para estos casos la exigencia de solicitar un certificado de habilitación al registro (permiso previo) y lo reemplazó por una obligación de comunicar la operación, pero sin sanción ante el incumplimiento. Ese decreto fue judicializado por diversas organizaciones de la sociedad civil, de pequeños productores y por legisladores nacionales de Mendoza, Chubut, Neuquén, Rio Negro, Misiones, Buenos Aires, entre otras. Pasaron cuatro años, y recién en 2020 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la jueza María Alejandra Biotti, rechazó las acciones de amparo, basado en la falta de legitimación activa, evitando pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

LEY DE TIERRA Y LEY BASES

En diciembre de 2023, la Ley de Tierras entró en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, la llamada “Ley Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, medida que cosechó múltiples objeciones en sede judicial por su intento de derogar parcial o totalmente al menos 75 leyes. Con esta medida -atacada por inconstitucional- se habilitaría a que capitales extranjeros adquieran y administren la tierra rural, cercenando el acceso a miles de argentinos y poniendo en peligro la estructura de la tierra rural, incluso la de la pampa húmeda. Ese Decreto 70/2023 fue impugnado judicialmente por distintos colectivos, en distintos momentos y con resultado disímil, por afectar derechos vinculados a la salud, al trabajo, a la soberanía.

La Ley de Tierras vigente no prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones.

Entre estos reclamos judiciales se destaca el planteo realizado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionaron el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense. Sostuvieron que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, implica la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del DNU 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo. El 29 de enero de 2024 el juez de feria del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó inscribir un proceso colectivo y decretó una medida cautelar que suspende el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en cuanto derogó la Ley 26.737 de Tierras. A una semana del fallo, el titular del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Alberto Recondo, rechazó esa acción de amparo. Dijo que el CECIM no se encuentra legitimado para estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina ni de la soberanía nacional. Entonces el CECIM apeló la decisión y la Cámara Federal de la Plata finalmente declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en tanto deroga la Ley de Tierras Nº 26.737. Entre los aspectos más salientes del fallo destaco la referencia a que la soberanía nacional justifica la incidencia colectiva y por su naturaleza, es un bien jurídico a proteger. Podemos decir que hoy la Ley de Tierras está vigente gracias al CECIM. 

6 DE AGOSTO: NO A LA EXTRANJERIZACIÓN

A comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo, el Gobierno nacional impulsó una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina. En nueve artículos, bajo el título “Inviolabilidad de la propiedad privada”, el proyecto implica una derogación encubierta de la Ley de Tierras 26.737 al proponer cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y requisitos para la expropiación, y flexibilizaciones a la Ley de manejo del fuego. Sobre tierras rurales realizan modificaciones estratégicas que vacían de contenido su espíritu original al eliminar las limitaciones establecidas por ley, en cuanto a  superficie, nacionalidad, topes personales y la prohibición de adquirir lagos y ríos. 

La aprobación del proyecto de Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno Nacional implica riesgos institucionales y riesgos en sentido estratégico. La derogación de la Ley de Tierras significará: 

–pérdida de acceso a la información pública a nivel nacional de los datos dominiales y catastrales en torno a la extranjerización de la tierra. 

–pérdida de control sobre el territorio nacional y las implicancias en cuanto a la posible balcanización de nuestro país. 

–eliminación de límites para la adquisición de tierras con acceso directo a cuerpos de agua de envergadura y permanentes (lagos, ríos), y por ende fuentes de agua y energía sumado al RIGI. 

–de ser aprobado el SUPER RIGI, promete estabilidad regulatoria por 30 años y así desarma cualquier facultad de ejercicio de poder de policía sobre el territorio y por ende ejercicio de soberanía. 

EL DOBLE OBJETIVO

Esta reforma debe leerse en dos niveles políticos superpuestos. Por un lado, cumple una función económica liberalizadora clásica: derogar los controles para facilitar y garantizar la inversión extranjera privada en un recurso estratégico, tratando a la tierra como una mercancía más. Por otro lado, y de manera simultánea, introduce una lógica geopolítica de alineamiento automático. En cuanto a los sujetos comprendidos, el proyecto se refiere a Estados extranjeros o entidades bajo su control y cobra sentido pleno a la luz de la alineación absoluta del gobierno de Javier Milei con los intereses estratégicos de los Estados Unidos.

Fue a comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo que el Gobierno nacional impulsó esa reforma hecha a la medida de grandes capitales extranjeros.

Lejos de una mera “modificación”, esta iniciativa representa una liberalización integral y selectiva del mercado de tierras. Se ampara en un principio abstracto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, cuando la ley actual no afecta derechos adquiridos y opera dentro del consenso jurídico sobre el principio de razonabilidad. La flagrante contradicción con el fundamento soberanista original de la ley—expresado en el mensaje de 2011—revela la verdadera naturaleza de la reforma. 

En el doble objetivo se define su esencia: es a la vez un instrumento de desregulación económica para capitales amigos y una herramienta de alineamiento geopolítico que adopta, en la legislación doméstica, las prioridades de seguridad nacional de una potencia extranjera. 

Pero el debate continúa, trasciende lo técnico y lo económico: se trata de definir bajo qué parámetros de soberanía e independencia se decidirá quién controlará el recurso fundamental de la Nación.

Fuente: artículo compartido de la revistaanfibia.com de la UNSAM

Por: Florencia Gómez Arte: María Elizagaray Estrada

La historia de Sci-Hub, la biblioteca "pirata" que desafía a las grandes editoriales científicas

Creada por Alexandra Elbakyan, la plataforma es considerada por millones de investigadores como una herramienta para democratizar el acceso al conocimiento.

(Foto: captura de pantalla).

Cada avance científico comienza en un laboratorio, pero alcanza su verdadero impacto cuando se comparte. Para eso existen los artículos científicos, el principal vehículo de comunicación entre investigadores. Sin embargo, el acceso a esa producción suele depender de elevadas suscripciones que muchas universidades y centros de investigación no pueden afrontar. En esta disyuntiva entre los derechos de autor y el acceso al conocimiento apareció la plataforma Sci-Hub, para cambiar la forma de acceder a la literatura científica y convirtió a su creadora, Alexandra Elbakyan, en una de las figuras más controvertidas de la ciencia contemporánea.

Un avance científico es más que los experimentos que lo componen, pues la comunicación de los hallazgos tiene un rol fundamental. La herramienta que más se utiliza es el "paper": un artículo científico con un vocabulario técnico que se difunde gracias a diversas editoriales internacionales. Para la publicación existe la llamada revisión por pares: otros científicos analizan esos manuscritos de manera gratuita. Finalmente, las universidades pagan elevadas suscripciones para que sus científicos accedan a las investigaciones realizadas para continuar en la construcción del conocimiento.

Las grandes editoriales sostienen que los ingresos de las suscripciones financian la infraestructura editorial, la revisión por pares, la preservación digital y la calidad de las publicaciones. En la esquina contraria, sus detractores responden que el modelo genera barreras económicas incompatibles con una ciencia financiada por la sociedad y al alcance de todos.

En este contexto de inequidad, en que sólo unos pocos pueden acceder al conocimiento producido en todo el mundo, apareció Sci-Hub. Se trata de la mayor biblioteca científica no autorizada del planeta. Fue creada en 2011 por Elbakyan, una desarrolladora de software y neurocientífica que nació en 1988 en Almaty, entonces parte de la República Socialista Soviética de Kazajistán. Como estudiante de neurociencias, Elbakyan necesitaba acceder a artículos científicos que costaban entre 30 y 50 dólares cada uno. Con esta barrera económica insalvable, desarrolló el sistema que logró poner a disposición los artículos para todas las personas.

Alexandra Elbakyan en 2021 (Foto: Wikipedia).

La creación de Sci-Hub enfrentó a Elbakyan con las empresas editoriales más poderosas del planeta. Las pulseadas judiciales aparecieron apenas cuatro años después del lanzamiento del sitio. La primera empresa en iniciar una demanda fue Elsevier, una de las mayores editoriales científicas del mundo. Lo hizo en 2015 ante un tribunal federal de Nueva York y basó su reclamo en la infracción masiva a los derechos de autor. Dos años después obtuvo una sentencia favorable que obligaba a Elbakyan y Sci-Hub al pago de quince millones de dólares. En 2017 también hubo una sanción favorable para American Chemical Society que intimaba a Elbakyan y Sci-Hub a pagar 4,8 millones de dólares, a la vez que impedía el acceso al portal desde Estados Unidos. Todas estas demandas fueron en el fuero civil, no se trataba de litigios penales.

Las demandas alcanzaron también otros países. En diciembre de 2020, a Elsevier y American Chemical Society se les sumó Wiley, que inició una demanda ante la Delhi High Court de la India por violación de derechos de autor. En agosto de 2025 el tribunal ordenó bloquear el sitio en India. El proceso escapó del ámbito jurídico e incrementó el debate internacional sobre el acceso al conocimiento.

Por un lado, no son pocos los investigadores y estudiantes que defienden a Sci-Hub. En este mismo rincón de la pelea están también las universidades que argumentan que restringir el acceso a las publicaciones perjudica a quienes trabajan en instituciones con presupuestos limitados. Los defensores de Elbakyan sostienen, además, que el acceso a la literatura científica es indispensable para el derecho a la educación y al desarrollo científico. Para muchos investigadores, especialmente de países de ingresos medios y bajos, representa una democratización inédita del conocimiento. En el otro extremo, las editoriales aducen que Sci-Hub fue el mayor caso de piratería académica de la historia.

Al presente, Elbakyan enfrenta sentencias civiles multimillonarias, bloqueos de dominios en distintos países y un cerco judicial que se incrementa. Aunque todo esto dificulta la actualización de la plataforma, Sci-Hub continúa con su funcionamiento mediante dominios alternativos. Elbakyan reside en Rusia y allí no es perseguida para que realice el pago de los montos exigidos en los juicios. Quizá nunca lo haga.

Además de garantizar un acceso sin diferencias al conocimiento, Sci-Hub es un símbolo del debate global sobre las diferencias económicas que impiden el desarrollo de la ciencia en algunas naciones.

(Fuente: Agencia de Noticias Científicas / UNQ / Wikipedia / redacción propia)