Una Jueza de Familia analiza los límites legales de la exposición
temprana en plataformas digitales y plantea interrogantes sobre
consentimiento, huella digital y protección de derechos.
Un celular, una audiencia y una pregunta que crece:
¿cuándo una actividad infantil en redes sociales deja de ser un
juego y comienza a convertirse en una actividad económica?
(Foto: Pexels).
Un chico mira a la cámara, sonríe y abre una caja. Adentro hay un
juguete. Lo prueba, juega unos minutos y cuenta qué le gusta.
Parece una escena cualquiera de la infancia. Pero detrás puede
haber
una marca,
un contrato,
millones de
reproducciones y
una familia que obtiene ingresos
gracias a ese momento. La pregunta que empieza a ocupar a
investigadores y especialistas en derechos de la infancia es
incómoda:
¿sigue siendo un juego cuando ese juego genera
dinero?
Los llamados
kidfluencers -niños y adolescentes que crean
contenido para redes sociales y construyen grandes audiencias- se
convirtieron en una de las
nuevas fronteras del debate sobre
el trabajo infantil. Ya no se trata solamente de chicos en
fábricas, talleres o campos. La escena cambió: ahora puede ocurrir
en una habitación de una casa, con
un celular, una luz
artificial y millones de personas mirando.
Un
estudio
publicado en la revista científica
Journal of Business Ethics
analizó este fenómeno y planteó una discusión hasta hace pocos
años impensada: los chicos influencers pueden estar realizando
una
forma de trabajo que debe ser observada desde la perspectiva de
los derechos laborales y la protección de la infancia.
Los investigadores estudiaron algunos de los
canales
familiares más exitosos del mundo y señalaron riesgos
vinculados con la
explotación económica, la
pérdida de
privacidad, la
dificultad para construir un
consentimiento real y la
exposición permanente de la
vida personal del menor. En paralelo, el fenómeno también
empieza a
interpelar al sistema judicial argentino.
Jazmín Blanchiman, jueza titular del
Juzgado de
Familia N.º 1 de Quilmes, explica que la discusión central
está en
determinar cuándo una actividad aparentemente
recreativa comienza a afectar los derechos del niño. "
No
toda exposición de un niño en redes sociales implica
necesariamente una situación de vulneración de derechos. El
punto de análisis aparece cuando esa exposición deja de estar
centrada en el interés del niño y comienza a responder a
intereses económicos de terceros", explica la magistrada. En
este nuevo modelo de negocio, la infancia deja de ser solamente
una etapa de la vida:
puede convertirse también en contenido.
Cuando jugar se transforma en una actividad comercial
La frontera es
difícil de marcar. Un chico puede
divertirse
grabando videos; puede disfrutar de
tener
seguidores; puede querer
compartir sus juegos con otros
niños. Sin embargo, la situación cambia cuando aparecen
elementos propios de cualquier actividad laboral:
horarios de
grabación, obligaciones con marcas, repetición de escenas,
contratos comerciales o ingresos vinculados directamente con
su actividad.
Los investigadores utilizan un concepto que resume esta tensión:
"playbour", una combinación de las palabras inglesas "play"
(juego) y "labour" (trabajo). Es una mezcla nueva: una actividad
que
conserva la apariencia del juego, pero que al mismo tiempo
produce valor económico.
Según Blanchiman, uno de los principales desafíos es identificar
si existe
una verdadera participación voluntaria del niño o
si su imagen
comienza a ser utilizada como un recurso
económico. "
En el caso de niños y niñas, el
consentimiento debe analizarse teniendo en cuenta su edad, su
grado de madurez y la posibilidad real de comprender las
consecuencias futuras de aquello que se publica. No alcanza con
que el niño diga que quiere hacerlo", señala la jueza.
Un video de un cumpleaños puede ser una publicación familiar, pero
también
puede transformarse en una acción patrocinada. Una
visita a un parque puede ser un recuerdo, o
puede convertirse
en contenido contratado por una empresa. La diferencia está
en
quién decide, quién gana dinero y qué lugar ocupa el niño
dentro de ese proceso.
El fenómeno tiene una particularidad que lo vuelve todavía más
complejo: muchas veces son los propios padres quienes administran
las cuentas. Ellos negocian con marcas, organizan las grabaciones
y gestionan los ingresos. Ahí aparece un conflicto: quienes tienen
la responsabilidad legal de proteger al niño también pueden
beneficiarse económicamente de su exposición.
Para la jueza, este punto
requiere especial atención. "
Los
adultos responsables tienen el deber de actuar conforme al
interés superior del niño. La representación parental no puede
convertirse en una autorización para disponer de la imagen,
intimidad o identidad digital de un hijo como si fueran bienes
propios", sostiene.
La discusión, entonces, no pasa solamente por
cuánto dinero
genera un chico. La pregunta es otra:
¿quién decide
cuándo aparece frente a una cámara y cuándo puede dejar de
hacerlo? Porque un adulto puede renunciar a un trabajo,
puede cerrar una cuenta, puede empezar de nuevo. Un niño, en
cambio, puede
crecer y descubrir que miles de imágenes de su
infancia siguen circulando en Internet.
La huella digital de una infancia
La infancia tiene una característica que las redes sociales
modificaron profundamente: antes,
muchos recuerdos quedaban en
el ámbito privado de la familia. Hoy pueden convertirse en
archivos
permanentes. Un momento gracioso, una reacción espontánea o
una situación íntima
pueden permanecer durante años. Los
investigadores señalan que la exposición temprana puede afectar
aspectos como
la privacidad, la seguridad, la identidad y el
bienestar psicológico. Desde la Justicia, el desafío es
anticipar
daños que muchas veces no son visibles en el presente.
"
El derecho a la intimidad de niños y adolescentes no
desaparece porque exista una publicación en redes sociales ni
porque sus padres hayan prestado consentimiento. La infancia
tiene una protección reforzada porque se trata de personas en
desarrollo", explica Blanchiman. Un menor puede aceptar
aparecer en un video, pero quizás
no puede anticipar qué
significa que esa imagen pueda ser vista, compartida o utilizada
comercialmente durante décadas.
La legislación tradicional sobre trabajo infantil fue pensada para
un mundo diferente:
actividades visibles, con
lugares
físicos concretos y
relaciones laborales identificables.
La economía digital abrió un
escenario nuevo. Hoy un chico
puede convertirse en una marca personal antes incluso de
llegar a la adolescencia. Puede tener millones de seguidores,
recibir productos, participar de campañas publicitarias y generar
ingresos desde su casa.
Eso no significa que todos los niños que aparecen en redes estén
siendo explotados. Tampoco que crear contenido
sea
necesariamente negativo. La pregunta que plantea la ciencia
y que ahora también llega a los tribunales es otra:
¿qué ocurre
cuando la creatividad de un niño se convierte en un negocio?
(Fuente: Agencia de Noticias Científicas / UNQ / redacción
propia)
