En nuestro país no existen aún regulaciones específicas relacionadas con la instalación de mega data centers como los que se instalarían en la Patagonia. Las principales dudas están relacionadas con el uso del agua y la energía que requieren, y el verdadero impacto sobre la economía local. La Unión Europea y países como Chile o Brasil están más avanzados en materia de normativas especiales.
El gobierno de Javier Milei busca atraer inversiones a
través del Régimen
de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Un
sector que se mostró interesado es el de los mega data centers,
infraestructura clave para sostener el boom de la inteligencia
artificial.
En octubre de 2025 se anunció una potencial inversión de hasta
25 mil millones de dólares para un mega data center de
500 MW en la Patagonia. El anuncio fue realizado por la
empresa Stargate Argentina, que firmó una carta de
compromiso con OpenAI, responsable de ChatGPT.
"El objetivo es comenzar la construcción en 2026 con la idea de
tenerlo operativo a principios de 2027 y empezar a escalar hasta
su capacidad máxima", indicó Emiliano Kargieman, CEO
de Stargate, en una entrevista.
En Argentina no hay regulaciones comerciales, impositivas o
ambientales relacionadas con este tipo de inversiones. En la
Patagonia, las comunidades temen que se agrave la falta de agua
y los problemas ambientales en una región como Vaca Muerta,
que aún no recibe el tan mentado "derrame económico" de la
actividad petrolera. ¿En qué se diferencia la situación Argentina
con la del resto de América Latina y con Europa, región que está
avanzando con regulaciones?
Sin regulaciones específicas en Argentina
Por el momento, el marco legal nacional para recibir estas
inversiones es el RIGI. Argentina no posee normativas
específicas sobre data centers. En las provincias candidatas
tampoco hay regulaciones. "De momento, no hay normativas
específicas. Son tecnologías de implementación muy nuevas y
complementarias al desarrollo de los hidrocarburos. Se está
comenzando a trabajar", indicaron desde Secretaría de
Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.
Por su parte, Brasil implementó el régimen REDATA
(Medida Provisoria 1318/2025), que combina incentivos fiscales
como las que ofrece el RIGI, con exigencias de sustentabilidad
e inversión en investigación y desarrollo (I+D) dentro del país.
Chile cuenta con un Plan Nacional de Data Centers
2024-2030, que establece lineamientos claros para atraer
inversiones y ofrece guías técnicas de permisos críticos.
Y Europa implementó una directiva de eficiencia energética
que obliga el monitoreo y reporte público de datos para
centros con una demanda superior a 0,5 MW.
"Se necesitan regulaciones no sólo de protección ambiental,
sino también de protección de datos personales y que se les
exija darle prioridad a las comunidades locales. Además, es
importante que se obligue a hacer auditorías permanentes de
consumo energético e hídrico, y que los titulares de los data
centers se ocupen de las tareas reparatorias del impacto
ambiental", explicó Beatriz Busaniche, presidenta de
la Fundación Vía Libre.
Cuánta energía necesitan
La escala del proyecto de Stargate (hasta 500 MW) requeriría
fuentes masivas de energía como el gas y petróleo que se
extrae de Vaca Muerta o las represas hidroeléctricas de
la Patagonia.
El uso de combustibles fósiles incrementa la huella de
carbono e impacta en las emisiones de gases
responsables del cambio climático. Kargieman aseguró que la
Patagonia ofrece mucho potencial de energías limpias, sobre
todo eólica, pero también hidráulica, y no descartó el
uso de energía nuclear.
A nivel internacional, la tendencia es la transición hacia energía
100% renovable. Brasil ya lo exige para otorgar
beneficios fiscales a través del REDATA, y Chile orienta sus
proyectos hacia zonas con excedentes de energía solar y eólica.
Por su parte, Europa está buscando que estos centros no sólo
consuman energías renovables, sino que sean eficientes y
transparentes en su impacto sobre la red eléctrica general.
Otro desafío para Argentina será integrar estos data center a
la red eléctrica. "Se necesitan fuentes de energía
capaces de sostener el consumo de estas instalaciones. Porque si
no puede ocurrir lo que ya pasa en EE.UU., donde las comunidades
cercanas se están quedando sin luz o pagan una energía carísima",
recordó Busaniche.
Los data center ya representan el 1,5% de la electricidad
mundial (415 TWh) y se proyecta que se duplique para
2030.
Por qué la polémica sobre el uso del agua
Los data center requieren grandes volúmenes de agua, de
manera directa para refrigerar los equipos informáticos, e
indirecta, por ejemplo, para producir la electricidad que
consumen. Si la generación es a partir de combustibles
fósiles, esa huella hídrica se incrementa.
Algunos países utilizan el Water Usage
Effectiveness (WUE) para fijar exigencias o incentivos
para la instalación y funcionamiento de data center. Un WUE de 1
l/kWh indica que consume un litro por cada kilowatt-hora
demandado. El plan nacional de Chile menciona centros de
datos que tienen un WUE de 0,2 l/kWh. El REDATA de Brasil
exige un WUE de 0,05 l/kWh.
En la Patagonia, este consumo competiría directamente con la
ya elevada demanda hídrica del fracking en Vaca Muerta, en
una zona que registra caudales históricamente bajos en sus
ríos.
Cada pozo puede consumir hasta 60.000 m³ anuales, y en
2025 la actividad acumulaba 17.300 pozos en todo el país,
con un consumo total estimado en más de 1.038 millones de m³.
Las dudas sobre la generación de empleo local
Expertos señalan que estos proyectos son "economías de enclave":
suponen grandes inversiones, pero no generan muchos empleos
directos.
"Pueden consumir millones de litros de agua y enormes
cantidades de energía, mientras emplean a 50 o 60 personas. Lo
que deja en la región es mínimo", señaló Alan Rocha,
comunicador social experto en extractivismo e investigador del Observatorio
Petrolero Sur.
El RIGI no tiene ninguna obligatoriedad sobre "empleo
nacional". Sobre los proveedores, se exige que un mínimo
del 20% de la inversión sea local del total destinado al
pago de proveedores, tanto en la etapa de construcción como de
operación. Pero con una salvedad: siempre que la oferta local
esté disponible y en condiciones de mercado.
En contraste, Brasil exige inversión en I+D local para asegurar que
la tecnología deje capacidades instaladas. Y el plan de
Chile busca promover acuerdos entre el Estado y las empresas
para garantizar el acceso a la infraestructura de cómputo para
instituciones I+D nacionales.
A su vez, Europa y Chile promueven una gobernanza con participación
de las comunidades locales. Y exigen reportes de
sostenibilidad sobre uso de recursos y la rendición de
cuentas como puente para minimizar las tensiones con la
sociedad civil. Todo lo contrario a lo que está sucediendo
en nuestro país, donde el asunto podría resumirse en que cada
gigante tecnológico haga lo que desee con nuestros recursos.
(Fuente: pulitzercenter.org / Página 12 / varios
/ redacción propia)
