Entre otros aspectos, el proyecto que propone el gobierno habilita a cada provincia a disponer de los recursos que se encuentren dentro de su territorio.
Glaciar Piedras Blancas, en Santa Cruz (Foto: Laura Salazar).
El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto para reformar la Ley de Glaciares. El nuevo documento no sólo limita los espacios protegidos a aquellos que tienen una "función hídrica efectiva" (hasta ahora se considera glaciar a todas las masas de hielo que sobreviven más de un año, sin importar su función), sino que delega su rol en las provincias. Bajo el pretexto del federalismo "real", el Ejecutivo deja en manos de cada gobernador el control y la definición sobre los glaciares y los ambientes periglaciares.
Desde el gobierno sostienen que la Ley vigente generó "inseguridad jurídica", paralizó las inversiones productivas y afectó el "legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales". Por su parte, organizaciones ligadas a la defensa del ambiente resaltaron que "es un ataque directo al agua de los argentinos". Por ejemplo, desde Greenpeace advirtieron que "los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce que abastecen de forma directa a 7 millones de personas en el país e indirectamente sostienen actividades económicas regionales como la agricultura y el turismo".
Sobre los alcances del nuevo proyecto, el glaciólogo e investigador del Conicet, Lucas Ruiz, reflexiona: "Los inversores necesitan mucha estabilidad normativa y creen que la modificación de la Ley de Glaciares sería una garantía jurídica. Es muy difícil hablar en términos generales de cómo impactaría la modificación de la Ley, porque dependerá de cada proyecto en particular".
Entre otras cuestiones, la norma sancionada en 2010 restringe todas las actividades que pueden afectar la condición natural de los glaciares: la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras, la instalación de industrias y la explotación minera e hidrocarburífera. No obstante, el proyecto presentado por el Ejecutivo pone el acento en aquellos que cumplen una "función hídrica efectiva", y deja a merced de las provincias los que ya están en el Inventario Nacional de Glaciares (organismo oficial encargado de relevar los glaciares que existen en el país) y que no tienen esa función.
En este sentido, investigadores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) advirtieron ya en 2024 que "habilitar actividades que deterioren nuestras reservas hídricas estratégicas en general, y en el ambiente periglacial en particular, afectaría directamente las zonas de recarga de agua de las cuencas hídricas cordilleranas".
Un cambio a favor de los inversores
No es la primera vez que el gobierno avanza contra la Ley de Glaciares. De hecho, la idea ya formaba parte del proyecto que luego se convertiría en la Ley Bases. En aquel momento, el Ejecutivo no logró el consenso necesario para habilitar la modificación. Pero ahora, la situación adquiere otros matices. Por un lado, la presión empresarial y del gobierno estadounidense, quien a través de su Cámara de Comercio en Argentina (Amcham) dijo que la reforma "es vital" y que "la velocidad de la llegada de inversiones va a depender especialmente de esas definiciones". Por otro lado, el intento de atraer a los gobernadores, que tendrían un impacto directo en sus economías.
En caso de modificarse la norma vigente, el gobierno tiene la promesa norteamericana de las inversiones para que ingresen dólares frescos al país. Más allá del rol de Estados Unidos, el lobby de las empresas del sector y el juego político del gobierno nacional con los provinciales, Ruiz pone sobre la mesa otro eje: las energías limpias.
"Necesitamos minerales para combatir al cambio climático y llevar a cabo la transición energética. Los paneles solares, las turbinas, los generadores y todos los equipos destinados a conducir y almacenar energía limpia no pueden hacerse sin minerales. Por lo tanto, la demanda seguirá creciendo en las próximas décadas", subraya el científico argentino, quien tuvo que emigrar a Chile en busca de mejores condiciones laborales.
Patrimonio en riesgo
Los glaciares contribuyen de múltiples maneras al bienestar de las personas. Aportan agua para el consumo humano, para el sostenimiento de la biodiversidad y para las actividades productivas. A su vez, forman parte del patrimonio natural y cultural de la humanidad, resultan de interés para estudios científicos y son atractivos turísticos que potencian las economías regionales.
Según el Inventario Nacional de Glaciares, Argentina cuenta con 8.484 km2 cubiertos de hielo, distribuidos en 12 provincias: Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. Además de la Ley nacional, algunos gobiernos sancionaron leyes de protección y muchos establecieron áreas naturales protegidas en zonas con glaciares.
Sin embargo, el calentamiento global acelera el derretimiento de los glaciares en todo el mundo. En este aspecto, el Atlas de los Glaciares en Argentina advierte que la situación se irá agravando ante una mayor variabilidad en las precipitaciones y un aumento de la temperatura. Según el Atlas: "Los impactos en los ecosistemas, como los cambios en el régimen hidrológico en zonas montañosas o el aumento del nivel del mar, conllevarán además profundas implicancias sociales y económicas".
(Fuente: Agencia de Noticias Científicas / UNQ / redacción propia)
