Margarita Zubizarreta, referente de la Red de Apoyo Escolar, alerta por el recorte de fondos y lamenta que, sin recursos para la compra de comida debieron suspender la asistencia alimentaria en los barrios más carenciados.
Es un hecho inédito en sus 35 años de historia. Por primera vez desde 1989, la Red de Apoyo Escolar (RAE), que nuclea 17 organizaciones sociales, tuvo que cerrar su asistencia alimentaria porque el Gobierno nacional no hace los giros de dinero para la compra de comida. Por esta razón, debieron suspender los trabajos en comedores y peligra el plato de comida de 3.000 niños.
"Hoy se quedan 3.000 niños, niñas y adolescentes sin comer en nuestros centros", describió con crudeza Margarita Zubizarreta, referente de RAE. Además, dijo que lo mismo le sucede a otras organizaciones que sufren el recorte a la inversión social que puso en marcha Javier Milei con el afán de mostrar un supuesto superávit fiscal.
Los chicos siguen yendo a los espacios por el apoyo escolar, sin embargo, a la hora del almuerzo, las hornallas de los 13 centros alimentarios que manejan permanecerán apagadas. No es una sorpresa, esta charla la vienen teniendo con las familias desde hace diez, cuando se empezó a sentir con fuerza la falta de fondos.
"Ellos mismos sienten que tienen que ir a reclamar. Lo único que podemos hacer es reclamar con ellos al Estado. Hoy tenemos una asamblea y ahí vamos a ver si podemos, también, ver con las municipalidades. Pero no depende de donaciones. Es mucho dinero. Lo tiene que garantizar el Estado", añadió Zubizarreta.
De parte del Estado, explicó, sólo pudieron hablar con algunos técnicos de los programas sociales que quedaron de la gestión anterior: es decir, no hablaron con ningún funcionario designado por el Poder Ejecutivo, quienes les explicaron que los fondos no están saliendo de Economía.
"La red está desde 1989 y va trabajando de acuerdo a la coyuntura, donde se permita una mayor promoción, salida laboral, capacitación y formación. Si hay coyunturas de supervivencia, como esta, volvemos a lo básico: dar apoyo escolar y sostener la prestación alimentaria", contó la referente de la organización.
Ahora, ni eso. "Hace 15 días que no recibimos los depósitos acostumbrados en tiempo y forma para comprar alimentos. Cuando no se hace el depósito tenemos que estar en deuda con los proveedores. Hoy no tenemos la transferencia y no tenemos manera de sostenerlo. Se acabó el stock y cerramos", finalizó.
La ministra de Capital Humano de Argentina, Sandra Petovello.
El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, que en 72 horas elabore un plan para distribuir las cinco toneladas de alimentos alojadas en depósito para ayuda social que no fueron repartidas para "su ejecución de modo inmediato". El magistrado también dispuso un operativo para hoy a la mañana en los depósitos para tener un detalle de todo lo almacenado.
"Encomendar al Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas", señala la resolución.
Se trata de una causa penal que inició en febrero pasado el dirigente social Juan Grabois contra el Ministerio de Capital Humano por la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país en el marco del "Plan Nacional Argentina contra el Hambre".
Grabois denunció que en dos centros de distribución, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, en Tucumán, se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir que tiene la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano. Son 2.751.653 kilos en Villa Martelli y 2.269.078 kilos en Tucumán de alimentos listos para su entrega.
El gobierno reconoció esa situación. Lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni la semana pasada en conferencia de prensa y el Ministerio de Capital Humano en la causa judicial. La cartera explicó verificaron irregularidades en la forma de distribución de esa comida que hacía el gobierno deAlberto Fernández y que trabajaban en un mecanismo para mejorarlo.
"El derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, los que están expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que integran el denominado ´bloque de constitucionalidad´. Los mandatos también contemplan la especial protección de determinados grupos de personas en función de alguna condición de vulnerabilidad", explicó el juez Casanello.
El magistrado también resaltó los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA)que señalan que "el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria, el 14% de forma severa".
Casanello rechazó el pedido de la fiscal Paloma Ochoa para que los alimentos se entreguen a todos los comedores que están inscriptos en el Registro Nacional de Comedores. El juez explicó que "corresponde a la Administración elegir, según su enfoque, los medios más adecuados para asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada y, en este caso puntual, distribuir los alimentos almacenados".
"El derecho fundamental a una alimentación adecuada, reconocido y protegido internacionalmente y al que el país le ha dado jerarquía constitucional, impone claramente el deber del Estado de garantizar su efectividad de manera integral, pues no hay vida sin salud y no hay salud sin derecho a la alimentación. Ese deber impostergable de realización en cabeza de las autoridades públicas también supone, por parte del Poder Judicial, la posibilidad de llevar a cabo acciones positivas con base en el mandato de custodia de las garantías constitucionales", agregó.
Así, Casanello dispuso órdenes de presentación para que hoy se "detalle del stock actual de los alimentos almacenadosen los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería". También "los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha” y “los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada".
Por último, Casanello ordenó la elaboración de un plan en 72 horas para la entrega inmediata de toda la comida. Sin embargo, el gobierno anunció que apelará la decisión del juez.
Se trata de estimaciones del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El mayor problema, dijo Agustín Salvia, su director, es la tasa de indigencia, que trepó al 18 por ciento. El pico de deterioro fue en febrero. Qué dicen otros estudios sobre la situación social
En febrero la pobreza habría alcanzado un pico de 58% en febrero, según ODSA-UCA.
Se trata de la cifra más alta desde 2002. Agustín Salvia, director del ODSA-UCA, dijo que con el shock de precios, producto de la devaluación y de la consecuente caída de los ingresos reales en diciembre y enero, se produjo un fuerte aumento de la pobreza, la cual habría llegado a un pico de 58% en febrero.
"A partir de dicho mes deviene una caída de la inflación y empieza a haber mejoras en las remuneraciones, incluso actualizaciones en los haberes jubilatorios y en los programas sociales. Esto hizo que la pobreza se estabilice en torno al 54% y 55% en el primer trimestre. En abril y mayo cayó levemente, pero de manera muy heterogénea", sostuvo.
"En abril y mayo la pobreza cayó levemente, pero de manera muy heterogénea", según el analista.
"En realidad el mayor problema ahora tiene que ver con la indigencia, porque la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el plan de los 1.000 días es una compensación al aumento de la inflación y en un contexto de caída del nivel de actividad y de mucha recesión los sectores informales, los cuentapropistas, autónomos y pequeñas empresas familiares o microemprendedores locales ven reducido su nivel de trabajo y la cantidad de horas trabajadas, lo cual baja su remuneración. En este sentido, la indigencia habría llegado al 18% de la población en los primeros tres meses del año", precisó Salvia.
"La situación se agrava en los sectores informales más pobres, en donde la asistencia social ya no alcanza y la reducción del nivel de trabajo produce un desgaste en los ingresos corrientes", dijo Agustín Salvia (Foto: Reuters)
"Entonces, se estabiliza el nivel de pobreza, incluso esta tiende a bajar a partir de que los sectores formales van recuperando sus ingresos, pero la situación se agrava en los sectores informales más pobres, en donde la asistencia social ya no alcanza y la reducción del nivel de trabajo produce un desgaste en los ingresos corrientes que hace que esos hogares que ya estaban bajo la línea de pobreza caigan en situación de indigencia", agregó.
"Si con la recesión se produce un shock de desempleo por el cierre de establecimientos de pequeñas y medianas empresas, se agravarían tanto la pobreza como la indigencia", agregó.
"Estos niveles probablemente hayan sido quizás los más graves y hacia adelante, una eventual mayor caída de la inflación haría que devenga un proceso de mejora junto a una recuperación de la actividad. Es más fácil que bajen los niveles de pobreza que los de indigencia en ese contexto, aunque llegar a los niveles que teníamos antes de la devaluación es todavía una meta bastante distante", proyectó Salvia.
Sin embargo, aclaró que si con la recesión se produce un shock de desempleo por el cierre de establecimientos de pequeñas y medianas empresas, se agravarían tanto la pobreza como la indigencia.
En tanto, el Observatorio del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) calculó que la tasa de pobreza se sitúa levemente por encima, en torno al 56% de la población.
Los cartoneros recolectan basura ecológica para vender y sobrevivir a la pobreza actual.
"Este índice está relacionado con la disminución del poder adquisitivo de la población y, en menor medida, con el aumento de la tasa de desempleo. Aunque se han perdido puestos de trabajo, para el primer trimestre de 2024, este impacto no es tan significativo como el deterioro de los ingresos. Es probable que este efecto se manifieste en el futuro. Parece que el gobierno también comparte una estimación similar, ya que Javier Milei mencionó en la última cadena nacional que la pobreza podría alcanzar el 60% en este trimestre. Si el número final resulta ser menor, lo celebrarán como un logro de su gestión", contó Fernando Molina, economista e investigador de la UNGS.
El Observatorio del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento estimó que la pobreza se sitúa levemente encima de 56% de la población.
En cuanto a la indigencia, para el primer trimestre el Observatorio estimó que se encuentra en torno al 22%. "La principal herramienta para frenar este incremento en los niveles de indigencia es el conjunto de programas asistenciales del Ministerio de Capital Humano. Estos programas incluyen transferencias directas de ingresos y acceso a servicios básicos. Si bien el gobierno ha mantenido el valor de algunas asignaciones, para paliar los efectos de la crisis, ha optado por cerrar varios programas que tenían un impacto importante dentro de los sectores", explicó el especialista.
Por su parte, el Nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella estimó para el semestre noviembre-abril que el 48,9% de la población vive en hogares urbanos pobres, es decir, 29,4 millones de personas. Se trata de un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto del dato octubre-marzo y de 7,2 puntos en comparación con el dato semestral que informó el Indec en diciembre pasado.
En este sentido, cabe recordar que en el segundo semestre de 2023, la pobreza llegó al 41,7% de la población (19,4 millones de personas) y la tasa de indigencia al 11,9 por ciento, es decir unas 5,5 millones de personas.
Tasa de pobreza del semestre noviembre-abril (Gráfico: Universidad Torcuato Di Tella).
El indicador no deja de empeorar si se miran también los datos de 2022, cuando el 39,2% de las personas era considerada pobre en la Argentina y un 8,1%, indigente.
Qué se espera
Para los próximos meses, Jorge Colina, economista y director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), proyectó: "La pobreza se va a mantener alta porque la Canasta Básica Total sigue subiendo: en abril aumentó 307,2% interanual cuando el salario informal, que es la principal fuente de ingreso de los pobres, viene creciendo a razón de 130% anual. Esto mantendrá alta la pobreza en el 2024".
Al respecto, en abril una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $ 828.158 para no ser pobre y $ 373.044 para no caer en la indigencia. La CBT para una persona incluso se ubicó en $ 268.012, mientras que el salario mínimo se elevó a $ 234.315 en mayo.
Según las estimaciones de la CTA, en comparación con noviembre de 2023, el Salario Mínimo Vital y Móvil de mayo presenta una caída real del 27,9% y de 28,6% respecto a igual mes del año pasado.
La Canasta Básica Total aumentó 7,1% en abril.
Por su parte, Nuria Susmel, economista de FIEL, señaló: "Los ingresos en términos reales han perdido contra la inflación y aún más los ingresos informales, por lo que creo que la pobreza siguió creciendo y va a estar -no se si en el nivel récord de 2001- alta. La recuperación de los ingresos va a depender de la reactivación de la economía, cosa que todavía no está pasando. Además, cayó la ocupación de los asalariados".
En términos reales, según Salvia, los salarios formales se ubicaron en marzo 8% por debajo de noviembre pasado y la caída asciende a 15% si se compara con el mismo mes de 2023. El especialista explicó que aún no hay datos de los salarios informales, pero que la baja de estos es aún mayor.
Respecto al desempleo, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en febrero se perdieron 20.666 puestos de trabajo registrados asalariados en el sector privado, lo cual implica una caída de 0,3% con respecto al mes previo, y desde la asunción de Javier Milei se perdieron 62.920 empleos formales.
Para marzo, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que releva el nivel de empleo en unas 3.500 empresas situados en aglomerados urbanos, estimó una caída de otros 34.166 puestos registrados, principalmente en la actividad de la construcción.
Por último, Molina consideró: "La evolución del índice de pobreza estará estrechamente vinculada a la recuperación de las políticas de choque implementadas por el Gobierno. Si las medidas de estabilización generan la tan esperada recuperación en forma de V, podríamos empezar a observar una disminución gradual de la pobreza hacia el último trimestre de 2024, impulsada por una mejora en los ingresos. Sin embargo, el escenario más probable que visualizo es uno de depresión económica, donde la apreciación del tipo de cambio ejercerá presiones cada vez mayores. En este contexto, una devaluación podría llevar los niveles de pobreza por encima del 60% de la población".
