En el día después del quincuagésimo aniversario, desde este espacio brindamos una breve cronología de los hechos que desembocaron en el comienzo del espantoso período de la dictadura cívico-militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983.
La Junta Militar que llevó adelante el golpe de
Estado en 1976 (Foto: archivo DyN).
El gobierno militar condujo el país durante 2.756 días, los transcurridos hasta que se formalizó el regreso de la democracia en 1983, en una de las etapas más oscuras en la historia de la Argentina, que fue precedida por tiempos marcados por la inestabilidad política y la violencia.
Ese golpe de Estado fue el sexto que sufrió la Argentina en 47 años, en un período de alternancia entre gobiernos democráticos y militares que comenzó en 1930, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, y culminó con la asunción de Raúl Alfonsín, en 1983.
María Estela Martínez de Perón en un acto como
Presidenta el 1º de octubre de 1975. A la izquierda de la
imagen, Carlos Menem (Foto: archivo DyN).
La muerte de Juan Domingo Perón agravó un escenario político que ya se mostraba inestable con el líder del Partido Justicialista en sus últimos tiempos en la Presidencia, a la que había llegado después de ganar las elecciones de septiembre de 1973, aunque ya con el peso de sus 77 años.
Eran tiempos en los que ya habían aparecido células guerrilleras agrupadas en dos líneas principales: Montoneros (peronistas) y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, marxistas).
Tras el fallecimiento de Perón, el gobierno recayó en su viuda, María Estela Martínez de Perón, aunque en realidad se produjo un vacío de poder que permitió el crecimiento de la influencia del Ministro de Bienestar Social, José López Rega, hombre de confianza de la presidenta y miembro de la logia anticomunista internacional Propaganda Due.
López Rega lideraba una organización terrorista parapolicial que se autodenominó Triple A (por Alianza Anticomunista Argentina), que saldría a la caza de dirigentes considerados "de izquierda" luego de la muerte de Perón. Incluso, muchos de sus efectivos se incorporaron a los grupos de tareas a partir del golpe de Estado del '76.
Postal histórica en 1973. Juan Domingo Perón,
Isabel Perón y, delante, Héctor Cámpora (Foto: archivo DyN).
Era notorio, desde los meses previos, que el gobierno peronista se había quedado prácticamente sin apoyos sociales o atisbos de legitimidad política, lo que podría explicar no sólo que el acontecimiento no despertara casi sorpresas en la ciudadanía, sino también que las resistencias, si es que las hubo, fueran imperceptibles.
Hubo apenas un tibio anuncio de un paro general de actividades, dispuesto por un grupo de dirigentes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas que se encontraban reunidos en la madrugada del golpe en el Ministerio de Trabajo, que no se confirmó ni tuvo ningún acatamiento.
Desplazar a Isabel Perón del poder obligó a una logística y una estrategia muy detallada. Detrás del movimiento de tanques hubo un llamado "plan líquido", reuniones privadas con la Iglesia y un vaticinio sombrío de los Estados Unidos que nadie quiso escuchar.
La madrugada del 24 de marzo, el plan de derrocamiento se ejecutó con precisión quirúrgica bajo el nombre clave de Operación Aries. El engaño para detener a la presidenta incluyó una puesta en escena digna de una película: se le pidió a Isabel que viajara de Casa Rosada a la Quinta Presidencial de Olivos por aire por una "cuestión de seguridad". En pleno vuelo, el piloto alegó un desperfecto técnico para aterrizar en Aeroparque y, al bajar, el general Jorge Rogelio Villarreal le comunicó que estaba destituida.
Así comenzó el autodenominado Proceso de Reaorganización Nacional, en manos de una Junta Militar conformada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea), que declararon el control total, el estado de sitio y la aplicación de la ley marcial en el país. La Junta disolvió el Congreso, intervino provincias, sindicatos y universidades, y suspendió garantías constitucionales.
A la vez, comenzó un plan de represión y exterminio sistemático de opositores y militantes políticos, que dan cuenta de miles de personas torturadas en 800 centros clandestinos de detención, en todo el territorio nacional. Las acciones militares incluyeron los llamados vuelos de la muerte, donde se calcula que hubo alrededor de 5.000 víctimas arrojadas -en muchos casos vivas- al Río de la Plata, apropiación de alrededor de 500 bebés (140 recuperados hasta 2026 por Abuelas de Plaza de Mayo, según sus registros más recientes) y exilios masivos.
Es sabido que empresas como Ford, Mercedes Benz, Ledesma, Techint, Arcor, Molinos Río de La Plata, Acindar, Astilleros Río Santiago y varias otras, facilitaron predios, equipamiento y vehículos para que los grupos de tareas lleven a cabo el secuestro de muchos de sus trabajadores, sobre todo los vinculados con la actividad sindical.
Al compás de este despliegue represivo, se implantó un modelo económico liberal y desindustrializador. La dictadura militar impuso un nuevo régimen de acumulación, basado en la importación de bienes y capitales y la apertura financiera, que buscó cambiar de raíz la matriz productiva y transformó profundamente las bases materiales de la sociedad argentina.
Las madres y abuelas de Plaza de Mayo en una de sus
tradicionales marchas (Foto: archivo DyN).
El salario real de los trabajadores cayó abruptamente y comenzó un proceso de concentración de la riqueza que generó un sector cada vez más enriquecido en desmedro del sector popular que vio disminuido drásticamente su ingreso. Las fábricas cerraban mientras se multiplicaban los negocios financieros y especulativos. Su contracara fue la concentración del capital en empresas trasnacionales y en los grandes grupos económicos nacionales, muchos de ellos reconvertidos en concesionarios de obras y prestadores de servicios al Estado.
Estatización de la deuda privada, el último golpe del proyecto económico
Al mismo tiempo, el proyecto económico propiciaba el endeudamiento del sector privado y público que se reflejó en un crecimiento sin pausa de la deuda externa argentina. El destino de gran parte de esta deuda no fue la inversión productiva sino la llamada "bicicleta financiera". La aventura especulativa le ganó terreno a la inversión productiva. La deuda saltó de 8.000 millones de dólares en 1975 a 46.000 millones en 1983.
El 17 de noviembre de 1982, mediante la circular A251 del Banco Central, se estatizó la deuda privada por un monto aproximado de u$s 15.000 millones. Es decir, el Estado argentino asumía las deudas en moneda extranjera que habían contraído los grandes grupos empresarios privados, convirtiendo la deuda privada en deuda pública.
Alrededor de 30 grupos económicos nacionales y algo más de 100 grandes empresas transnacionales concentraban aproximadamente el 65% de la deuda externa privada.
Tras la debacle política y social derivada de la inflación y crisis económica, la derrota de la guerra de las Malvinas en 1982, el desprestigio internacional derivado de las constantes violaciones de los derechos humanos y los múltiples casos de corrupción de jerarcas militares, la Junta Militar se vio obligada por las continuas protestas populares a convocar elecciones en octubre de 1983, de cuyos resultados fue elegido el ya mencionado radical Raúl Alfonsín, quien asumiría el 10 de diciembre de ese mismo año.
Alfonsín ganó con el 52% de los votos frente al 40% de Ítalo Luder (PJ), provocando la primera derrota electoral peronista en elecciones libres. El retorno a la democracia no sólo representó un cambio político, sino también un renacer de la participación ciudadana, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.
Acto de inauguración de la señalización
recordatoria en la planta de Ford en General Pachero, en el año
2021. Fue organizado de manera conjunta por la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de DDHH de la
provincia de Buenos Aires, el Municipio de Tigre y la Comisión
de ex Delegados de la Fábrica Ford (Foto: argentina.gob.ar).
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), constituida por el gobierno del presidente Alfonsín y presidida por Ernesto Sábato, registró 8.961 desaparecidos, tal como figuran en el libro "Nunca Más". Vale aclarar que este registro sólo abarca a las denuncias por desconocimiento de paradero, pero la lista sigue abierta hasta la actualidad.
En este punto, hay que subrayar que hubo factores que impidieron documentar la totalidad de las desapariciones, por lo que el número tiene variaciones, considerando los obstáculos para denunciar que se dieron por el breve funcionamiento de la Conadep, por las leyes del perdón que se establecieron en los años posteriores, y por los gobiernos autoritarios que se mantuvieron en varias provincias, aún cuando se restableció la democracia.
La cifra de 30.000, entonces, no es un dato estadístico sino una cifra simbólica y emblemática que remite a su vez, a la figura de genocidio, que incluye los actos cometidos con la intención de destruir, de manera total o parcial, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
El concepto de genocidio funcionaba, durante la dictadura y en los años posteriores, como la única herramienta de los familiares para mantener vigente el reclamo y pedir por la aparición de aquellas personas de las que no se tenía ningún tipo de información sobre su estado de salud ni ubicación.
Recientemente, en este espacio publicamos un post recomendando cuatro valiosos textos acerca de este doloroso período, al que se puede acceder haciendo click aquí.
(Fuente: Clarín / La Nación / Página 12 / comisionporlamemoria.org / Centro de Estudios Legales y Sociales / varios / redacción propia)
