El glaciar Perito Moreno en 2023 (Foto: Wikipedia).
Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, en 12 provincias. El Inventario Nacional de Glaciares, realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), identifica 16.968 cuerpos glaciares con una superficie total estimada de 8.484 km². Más del 36% de la superficie continental argentina se encuentra en cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, lo que subraya la dependencia de las comunidades y la producción respecto a estos reservorios.
Sobre el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), políticamente, es relevante preguntarse: ¿quién legisla? Y ¿en función de qué legisla? La primera cuestión es central: mientras que la sanción de la Ley de Glaciares fue un logro popular, una iniciativa legislativa que nació desde abajo y desde afuera del poder institucional, y que, mediante procesos de movilización popular, de ejercicio de la democracia participativa, halló eco en ciertos legisladores (Marta Maffei, la gran impulsora, pero también Daniel Filmus, quien jugó un papel articulador clave), para alcanzar su sanción, ahora, estamos en un proceso inverso.
Quienes vienen contra la Ley de Glaciares ahora son los mismos intereses corporativos extractivistas de entonces, con el objetivo de expandir su frontera de explotación mineral. Las grandes empresas transnacionales, a diferencia de las década de 1990, cuando entraron al país tras la Ley 24.916 de actividad minera, ahora no están solas. Han construido un conglomerado de poder muy compacto y eficaz, con alianzas en burguesías rentistas locales. Se trata tanto de políticos como de comerciantes y, minoritariamente, una fracción de clase profesional que ha encontrado su nicho en los staffs gerenciales de las grandes transnacionales o han creado sus propias "empresas" subsidiarias y contratistas.
La segunda cuestión, en función de qué se legisla, contiene el antagonismo de dos criterios: el de la rentabilidad versus el de la habitabilidad. Quienes aprobaron la ley ven los territorios desde la óptica no sólo reduccionista sino anacrónica de obtención/extracción de la máxima rentabilidad potencial. El argumento es explotar, para exportar, para generar ingresos fiscales, para generar empleos, lo cual está demostrado que es una gran mentira. Para ellos, lo que vale en los territorios es lo que puede ser explotado y valorizado en el mercado mundial. Ven las montañas sólo como fuentes de renta.
Esa renta extractiva "se derrama" localmente, pero muy, muy poco (casi no genera fuentes de trabajo genuino) y de una manera abismalmente desigual. Sólo grupos privilegiados y familias históricas en el poder (propietario y estatal) son las que mayor tajada pueden sacar de este derrame rentista. A nivel estructural, el extractivismo consolida oligarquías patrimonialistas y eso es muy funcional a un clientelismo asistencial como estrategia de gobierno.
Esta reforma viene a profundizar un proceso de despojo ya en marcha. El despojo es socioecológico y, por tanto, es perfectamente coherente con la Ley de Reforma Laboral, que también se aprobó. Ambos proyectos, no son de "reforma" sino de aniquilación de lo poco que queda en materia de derechos y de resguardos mínimos para la vida de las poblaciones, en cuanto habitantes y en cuanto trabajadoras.
Dado este momento de la Tierra, descuidar la habitabilidad es lo más desquiciado que se puede hacer. Es cierto que sacrificar la habitabilidad en aras de la rentabilidad no es un problema sólo local, sino global. Podría decirse que parece ser el "espíritu de la época". De hecho, el hombre más rico del planeta (por el cual nuestro actual presidente siente una gran admiración) y uno de los más poderosos del mundo, está destruyendo la habitabilidad de la Tierra, juntando montañas de dinero y soñando con poder ir a vivir a Marte.
(Fuente: Agencia Tierra Viva / Infobae / IANIGLA / varios / redacción propia)
