Fachada clásica, 53% más de aforo, cocheras y vips: cómo es el proyecto para el nuevo Luna Park, un negocio del Arzobispado porteño y empresarios cercanos al actual poder ejecutivo.
El Luna Park fue concesionado por el Arzobispado de Buenos Aires y la congregación salesiana, sus propietarios (Foto: Soledad Aznarez).
La enorme historia del mítico estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires está a punto de sumar un capítulo más. Pero a diferencia de aquella gloriosa trayectoria, esta vez se trata de una polémica en torno a la demolición de todo el interior del estadio ubicado en el bajo porteño, y la construcción de un nuevo edificio en su lugar, que aumenta el volumen en alrededor de 80% y duplica la altura actual, al agregarle más fachada y un nuevo techo más grande. Todo ello, a pesar de que está prohibido por las leyes de protección histórica tanto de la Nación como de la Ciudad.
La controversia gira en torno a un proyecto y a una limitación que existe sobre el edificio. La considerable intervención que se pone en marcha si avanza la iniciativa presentada por la empresa DF Entertainment, propiedad del empresario argentino Diego Finkelstein, viola numerosas normas que prohíben expresamente ampliar su volumen, alterar la fachada y demoler todo el interior.
Cabe aclarar que el recién mencionado Filkenstein es socio, en muchos emprendimientos, de uno de los mayores empresarios de la construcción, Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y de gran cercanía con el presidente Javier Milei. Sin ir más lejos, entre ambos se quedaron con otra polémica concesión: la del 100% del predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio de Palermo.
Entre varias, el Arzobispado eligió la propuesta de DF Entertainment porque le pagará un canon mayor por el hecho de construir un estadio mucho más grande -y por lo tanto con mayor público- a pesar de que está prohibido. Dicha empresa tiene como accionista controlante del 51% a la corporación norteamericana Live Nation Entertainment Inc.
Renderización del proyecto de remodelación del Luna Park (Foto: DF Entertainment).
El estadio está catalogado con "Nivel de Protección Estructural" por la Ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, está incorporado al Anexo I del Código Urbanístico. Asimismo, fue declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto PEN Nº 123 de 2007, lo que le otorga la doble protección.
El nivel de protección que le otorga la Ciudad busca preservar y proteger un patrimonio cultural, histórico o ambiental de gran relevancia. Específicamente, esta categoría suele aplicarse a inmuebles que presentan un valor significativo desde el punto de vista arquitectónico, histórico o paisajístico.
Los inmuebles catalogados de esta manera tienen restricciones más estrictas respecto a su modificación, demolición o cualquier intervención que pueda afectar su integridad. El objetivo es asegurar que estos bienes se mantengan y conserven para las futuras generaciones, contribuyendo así a la identidad y a la historia de la ciudad.
La protección abarca la totalidad del estadio, es decir, no se puede demoler la cubierta (fachadas y techo) ni los elementos significativos del interior (tribunas, galerías y piso).
A pesar de estas claras limitaciones que imponen las normas, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del gobierno nacional, aprobó el proyecto de la Iglesia y Finkelstein en tiempo récord, el 6 de enero pasado.
En el gobierno nacional, como casi siempre en estos casos, se despegaron de la decisión: "La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura de la Nación, y como tal, tiene autonomía técnica del Poder Ejecutivo en sus decisiones o recomendaciones. Las autoridades actuales de la Comisión fueron establecidas a través del Decreto 769/2022 y tiene vigencia por un período de seis años", comentaron en la Secretaría de Cultura, que tiene la tutela sobre el organismo, pero no interviene en sus decisiones.
Vista del Luna Park presentada por el Arzobispado al gobierno de CABA, en la que proyecta aumentar la altura de la fachada de los 17,5 metros actuales hasta los 35 metros (Foto: Arzobispado de Buenos Aires).
A fines de marzo, el expediente ingresó en la Subsecretaría de Gestión Urbana, dependiente de la Jefatura de Gabinete del gobierno porteño, bajo la identificación IF-2025-13421526. Se trata de una consulta obligatoria. Una fuente de la administración de Jorge Macri confirmó que el expediente "es analizado en las áreas de urbanística del gobierno de la Ciudad", y no mucho más.
De acuerdo con las constancias que están en ese expediente, los propietarios del Luna solicitan autorización al gobierno de la Ciudad para demoler 16.421 metros cuadrados, o sea, todo el interior, y ampliar la superficie construida en 34.234 metros cuadrados, llevándola aproximadamente al doble de la actual.
El proyecto pretende, también, demoler todo el interior y el techo, además de construir dos niveles subterráneos para estacionamiento vehicular (Foto: Arzobispado de Buenos Aires).
El corazón de la polémica está, justamente, en la ampliación del volumen propuesta por DF Entertainment, que permite colocar una segunda bandeja que entrega más capacidad y, obviamente, más posibilidad de pagar un canon mayor a la Iglesia, a pesar de que viola las normas vigentes. Actualmente, el estadio tiene una estructura rectangular con una cornisa de 17,5 metros de altura, sobre la que se apoya el techo. El proyecto pretende llevar esa cornisa a 20 metros y, adicionalmente, apoyar sobre ella un nuevo techo que llevaría la estructura a 35 metros de altura, el doble de la actual. Más altura y mayor volumen son las principales críticas que le caen a la iniciativa.
La inversión inicial a cargo de DF Entertainment sería de 34 millones de dólares, destinada a demoler todo el interior y construir un estadio más alto y de mayor volumen, que extenderá su capacidad de los 8.400 espectadores actuales a 13.000, lo que significa un aumento del aforo de 53% respecto del actual.
La empresa se obliga a pagarle a la Iglesia un millón de dólares de prima al tomar posesión del inmueble y, además, le garantiza un mínimo de un monto similar por año durante toda la vigencia del contrato, que estará en relación con el número de aforo que finalmente consiga que le apruebe el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vía aumento del volumen del edificio. Lo cual, según rezan las normas, está prohibido.
Todo indica que la escabrosa historia reciente del glorioso Luna Park podría terminar en los tribunales judiciales.
(Fuente: La Nación / lapoliticaonline.com / redacción propia)
